La cannabis. En Vísperas de su regulación.

 

El debate sobre regular o no la planta de cannabis, perdió su vigencia en noviembre del 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición del autocultivo de la misma, por obstaculizar el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Desde ese momento, y con el respaldo de la jurisprudencia que llegó en febrero del 2019, la discusión tomaría un rumbo completamente distinto: ahora la cuestión sería cómo se va a regular, con qué pautas, a partir de qué recursos y desde qué enfoque. La decisión anterior, le otorgó al Congreso de la Unión tres responsabilidades principales: modificar cinco artículos en la Ley General de Salud (LGS), reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal (CPF), así como legislar en la materia antes del 31 de octubre de 2019. Lamentablemente, desde que la Cámara de Senadores solicitó la primera extensión—misma que fue concedida con fecha límite del 30 de abril del 2020—, el proceso de regulación se ha visto severamente entorpecido con prórrogas que parecen interminables, y mientras más tiempo transcurre, personas usuarias, pacientes y comunidades que han sido afectadas por la política de prohibición, siguen sin obtener justicia ni reparación del daño. Finalmente, el 19 de noviembre del 2020 y contra el más reciente pronóstico, la minuta de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis fue aprobada en el Pleno del Senado de la República. Sin embargo, el 10 de diciembre, la SCJN publicó un comunicado donde especifica que, en atención a la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19, la discusión sobre la regulación de cannabis se retomaría en el próximo periodo ordinario, lo cual extendía el plazo hasta el 30 de abril del 2021. A pesar de las múltiples demoras y todo lo negativo que esto conlleva, también representa una oportunidad para que la Cámara de Diputados realice los cambios pertinentes; logrando así, que el dictamen se apegue a los criterios establecidos por la Corte y se integre a un marco de justicia social. Primero hablemos de lo ganado gracias a diversas campañas de presión mediática, las cuales fueron implementadas por organizaciones, colectivos e integrantes de la sociedad civil organizada. Por un lado, los requisitos de permisos o registro para el autocultivo fueron removidos, y ya no será necesario el testeo ni demostrar la trazabilidad de las semillas.

Asimismo, se mantienen las tres vías de acceso que no son excluyentes entre sí (autocultivo, asociaciones cannábicas y el mercado regulado), y se establecerán límites a la cantidad de puntos de comercialización para personas mayores de edad. Es importante mencionar que la ley contempla la creación del Instituto de Regulación y Control de Cannabis—anteriormente destinado a la Secretaría de Gobernación y ahora al cargo de la Secretaría de Salud—, que representa un organismo fundamental para lograr una transición efectiva del mercado ilegal a la legalidad. Debido a que la mayoría de las decisiones quedarán a discreción del Instituto, este deberá conformarse por personas preparadas, con conocimiento de la planta, así como sensibilizadas en temas de derechos humanos y justicia social. Enfocándonos ahora en las ausencias del dictamen, nos preocupa que carece de una despenalización efectiva: ya que si bien se eleva el gramaje permitido de posesión a 28 gramos, la persona usuaria de cannabis aún corre el riesgo de ser detenida y presentada ante el Ministerio Público (MP). Sobre esa misma línea, te pueden detener hasta 48 horas con motivo de realizar el peritaje correspondiente, y se contemplan multas administrativas de hasta $11 mil pesos por portación entre 28 y 200 gramos y de hasta $25 mil por consumir en el espacio público. Acudir al sistema penal como primer recurso, no abona a reducir la tasa de extorsiones, siembra de evidencia, tortura u otros tratos crueles que amenazan constantemente la vida de las personas usuarias. Por esta razón, es necesario eliminar el delito de posesión simple del Código Penal Federal, así como las multas desproporcionadas y homologar los espacios de consumo a los ya existentes para tabaco. De igual forma, debe contemplarse un plan efectivo de excarcelación y reinserción social para todas las personas que se encuentran privadas de la libertad por delitos relacionados a la cannabis. Por otro lado, es primordial concentrar esfuerzos para facilitar la transición a la legalidad de las comunidades cultivadoras, indígenas y ejidales que participan en el mercado ilegal actual. Insistimos en la necesidad de reservar la integración vertical exclusivamente para éstas durante los primeros cinco años que entre en vigor la ley, además de aumentar el porcentaje de licencias de cultivo (del 40% al 80%), con el objetivo de priorizar su lugar en la cadena de producción, empezar a cimentar una reparación integral del daño y lograr nivelar la balanza de justicia, reconociendo que han sido grupos históricamente vulnerados. La discusión que será retomada en febrero, debe enfocarse en desarticular la estructura punitiva que caracteriza a nuestras políticas de drogas. Es momento de generar acciones afirmativas en la materia, regulando a favor de todas las personas, y redireccionando las prioridades de las autoridades estatales hacia los delitos de alto impacto, donde realmente hay daños a terceros. México no puede seguir sosteniendo los altos costos de la prohibición. Este primer paso no pretende solucionar todos los problemas del país, pero si se ejecuta de forma correcta, proyectamos una disminución en las detenciones arbitrarias, erradicaciones forzadas, así como otras violaciones de derechos humanos. Para lograrlo, necesitamos establecer métricas e indicadores que nos ayuden a evaluar la ley a corto-mediano plazo, y saber si vamos en la dirección correcta.

                       

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"Sigamos construyendo este cambio de paradigma: apostemos por una política más humana, sensata, que priorice la reducción de riesgos y daños, y esté basada en evidencia científica. Lo merecemos." -Romina Vázquez

 

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